Septiembre
- diciembre 2021 - Volumen 3 - No. 9 ISSN: 2708 - 7794
ISSN-L: 2708 - 7794
Pp 214 – 222
Desde la Docencia Universitaria hacia la Gobernanza: Un relato de Justicia y Equidad
From University Teaching to Governance: A story of Justice and Equity
cbarros@azuay.gob.ec
https://orcid.org/0000-0002-8622-9468
Prefectura del Azuay, Cuenca, Ecuador
Artículo recibido en junio 2021/|Arbitrado en julio 2021/|Aceptado en agosto 2021/|Publicado en septiembre 2021
La docencia cumple un rol fundamental en la sociedad, el hecho de educar, guiar, motivar y acompañar, representa un grado de responsabilidad gigante, no únicamente con el estudiante o con la institución que se labora, si no que va más allá, es decir, el rol del docente debe ser visto como un acto de responsabilidad social. Pero llega un punto en donde la teoría y el aprendizaje deben ser llevado a la praxis, es allí donde lo años de experiencia son un motor para dar el paso a la función pública, en donde las necesidades del territorio se las reconoce en el día a día; desde las teorías sociológicas nos han enseñado que la mejor herramienta de estudio se construye con las personas, de forma participativa en donde la incidencia social toma sentido y se van generando estudios en base al ser humano y sus relaciones sociales.
Palabras clave:
Territorio; docencia; gobernanza; justicia; lucha social
Teaching plays a fundamental role in society, the fact of educating, guiding, motivating and accompanying, represents a gigantic degree of responsibility, not only with the student or with the institution that works, but goes further, that is, , the role of the teacher should be seen as an act of social responsibility. But there comes a point where theory and learning must be brought into practice, it is there where years of experience are an engine to give way to public function, where the needs of the territory are recognized on a daily basis. day; From sociological theories we have been taught that the best study tool is built with people, in a participatory way where social incidence makes sense and studies are generated based on the human being and their social relationships
Keywords:
Territory; Teaching; governance; justice; social struggle
La justicia y la equidad son dos términos que no se deben desvincular en el ámbito educativo, pues con ello se busca que exista un ambiente de igualdad – equidad, y por otro lado que las injusticias existentes sean visibilizadas y que empiecen a tomar importancia en la agenda pública, es así que se emplearán estos términos para una mejor comprensión de este escrito. Por otro lado, la imperativa necesidad de realizar un ensayo acerca de esta temática, viene de las visibles desigualdades y tratos que se han venido presentando durante siglos.
Los grupos humanos se enfrentan a diferentes sistemas de educación que dependen de la política educativa de los gobiernos de turno, en el caso ecuatoriano, la pedagogía crítica, desarrollada e implementada en las aulas de clase desde los criterios institucionales, en donde el nivel socioeconómico (instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y particulares), sumado a esto la clase social, la etnia, el lugar de residencia y demografía en general, serán determinantes, y con mayor razón la responsabilidad de la función docente para la concreción y aterrizaje de este modelo en la práctica educativa.
El Estado y la sociedad tiene otro rol y porcentaje de responsabilidad en estas desigualdades, puesto que afectan el correcto desarrollo de los procesos educativos en todos los niveles, sin embargo, existen personas que de manera independiente del sistema y convencidas de su cosmovisión social y política, han logrado menguar aquellas diferencias que entorpecen el ejercicio de derechos humanos, la transmisión del conocimiento y la transferencia teórica a la práctica.
Este trabajo trata también sobre la incidencia de la Socióloga Cecilia Méndez, en el tránsito de la docencia hacia la vida política. Los espacios que se construyen a lo largo de la vida, fomentan la adquisición de estrategias y competencias, que son determinantes en la construcción íntegra de una posición a nivel personal e incluso social.
Ejercer la docencia durante 30 años, en una universidad pública del Ecuador, genera un nivel de experticia grande que trasciende más allá de las aulas, y ese conocimiento y experiencia son transmitidos hacia los y las estudiantes en los diferentes espacios a través de la práctica docente; a esto se puede añadir los elevados y sublimes niveles de conciencia comunitaria por parte de la docente, quien promueve que la lucha social debe ir en torno a la justicia y equidad. Todo ese bagaje es parte vital para asumir el reto de emprender la transición de la docencia universitaria hacia el ejercicio de una vida pública y política.
Para el 2020, Cecilia Méndez, se posesiona en el Azuay como la primera mujer y máxima autoridad provincial luego de 74 años de la creación de la institución; es aquí donde todo el aprendizaje y la teoría se convierten en práctica, es decir, es ese momento de asumir el poder en todos los estados asignados constitucionalmente. Velar por el bienestar de los y las azuayas se convierte en una necesidad en la que día a día se promueven y se crean políticas y proyectos para responder a la ciudadanía en un nivel amplio de gobernanza.
La bisagra entre la docencia y la política están ligadas a los eventos de justicia y equidad; momentos que dada la realidad local y nacional se encuentran en crisis. La inserción de una nueva política, con visión de desarrollo local, motiva a indagar y a caminar en el territorio para promover políticas y prácticas accesibles, respondiendo sobre todo a las amplias necesidades individuales y colectivas de las personas, miembros de la ciudadanía.
Se menciona que la justicia no puede ser tomada como perfecta y única, sino que el autor se dirige a un ensayo más profundo del término en donde recoge que “lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir” (Hernández, 2010). Entonces la idea de la justicia que se plantea es como una visión pluralista y realista centrada en la lucha contra las injusticias concretas, en donde las calamidades son consideradas injusticias si se pudieron haber evitado o quienes debían responder por ellas han fracasado.
Así también, Montané (2015) afirma que la justiciaestáíntimamentevinculadaconlaequidad y que es imprescindible para crear sociedades más justas en donde las y los individuos puedan desarrollar su máximo potencial, aunado a esto surge la denominada justicia social, la cual en la revolución industrial muestra sus albores con la necesidad y compromiso del Estado a compensar las desigualdades surgidas de los modelos productivos y de los mecanismos sociales, incluido el educativo. Actualmente se toma a la justicia social como la distribución equitativa de recursos tomando en cuenta las diferentes realidades que vive cada ciudadano o ciudadana dentro de las fronteras de un país, pero debido a la globalización dichas fronteras cada vez son más borrosas ya que las compañías transnacionales toman partida en la generación de riquezas a oligarquías que desde siempre han estado en el poder.
Centrándose en el tema educativo y gobernanza, es importante analizar que las instituciones y por ende las personas que ya cuentanconsuficientes recursos para poder gozar de un aprendizaje óptimo, en una distribución igualitaria o uniforme seguirá recibiendo aún más, dejando por fuera o con menor cantidad a personas que al principio contaban mínimos recursos, en el cual su educación, sus métodos de enseñanza y aprendizaje son aplicados de manera deficiente, esto es un claro ejemplo de cómo la justicia y la equidad se relacionan al cien por ciento, no se puede desvincular la una de la otra pues son necesarias para que no se sigan generando inequidades, en tal sentido, no se habla de una sociedad perfecta y equitativa, si no que se refiere a una sociedad menos desigual. La asignación de mayores recursos y la creación de políticas educativas han logrado minimizar la presencia de desigualdades, reconocer que mejorar los materiales con el que cuenta el sistema educativo tales como equipamiento didáctico, investigación y vinculación, infraestructura, horas de clase y salarios docentes son necesarios para otorgar un ambiente educativo que ayude a romper los determinismos sociales en los resultados de aprendizaje, pero, al igual que esto, son sumamente importantes las reformas que estén vinculadas con políticas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje (Vaillant,2019).
Al hablar de justicia en la educación es hablar de que todos y todas puedan acceder y recibir este proceso con un criterio de calidad, que no exista diferencias sustanciales entre lo rural o urbano, entre instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y particulares. De acuerdo con las estadísticas se indica que la mayoría ya cuenta con un acceso a un sistema educativo, pero esto no significa que ese proceso esté ligado a un criterio de calidad y calidez. (INEC, 2021)
En tal sentido, las políticas orientadas al establecimiento de factores de justicia y equidad, deben ser creadas y aplicadas correspondiendo al sector, pues existe una gran diferencia entre cada uno y sus diferentes necesidades, por lo que es prudente afirmar que la educación es una herramienta para la creación de oportunidades laborales y eliminar la exclusión, razón por la cual ha existido una lucha para garantizar los procesos educativos en todos los lugares y niveles educativos sin ningún tipo de discriminación.
Estas premisas, que conjugan los términos educación, justicia, equidad y gobernanza, están estrechamente ligadas; sin una adecuada normativa y/o política, que para este caso es el sector educativo y que es papel determinante de la gobernanza formularla y expedirla, no puede concretarse en la práctica y, por ende, no puede generar los resultados esperados mínimamente planteados.
Tomando como referencia esa conjunción de criterios, es donde se plasma la experiencia de la docente universitaria y su cosmovisión política y social, para que desde su gestión y con el derecho que su nuevo cargo regenta, permita que desde las bases sociales se planteen estas políticas y normativas a ser aplicadas en toda la provincia del Azuay y ser este referente de cambio en la eliminación de la brecha que existe entre lo urbano y lo rural en términos de educación.
En lo político y social, a manera de introducción, implica emprender un viaje hacia la vida política, es un reto que algunas personas lo toman, y esto socialmente no es bien visto por la coyuntura del país. Ser político representa defender los intereses individuales y comunes en la sociedad en donde la persona que está al frente como autoridad local o nacional, tenga la capacidad amplia de manejar los diferentes grupos, organizaciones e instituciones que están en su rededor, sean o no de su línea o posición ideológica. Esta visión conlleva una serie de aristas en cuanto a su posibilidad de ejercer poder y manejar a los grupos de personas al cual representa.
Desde la sociología, existen diferentes perspectivas en cuanto a la posición política y su ideología de poder, una de ella es la que desarrolla Althusser basándose en los aparatos ideológicos del estado (AIE) y su proposición que predomina, expresando así:
Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Proponemos una lista empírica de ellas, que exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, puesta a prueba, rectificada y reordenada. Con todas las reservas que implica esta exigencia podemos por el momento considerar como aparatos ideológicos de Estado. (Althusser, 1988)
En nuestras sociedades, los aparatos ideológicos del estado, a más de representar una condición de poder, se localizan en una serie de valores y estos se vinculan también desde la familia como eje principal del desarrollo de una persona, la religión, la escuela (entendida como institución educativa ya sean públicas o privadas) las condiciones jurídicas y legislativas, medios de información (radio, prensa, televisión), lo cultural (deportes, artes, letras, etc.). Algunas personas identifican a los AIE, como niveles de represión, pero, por otro lado, también se los entiende como medios para lograr el orden en la sociedad, eminentemente necesario para el manejo de las personas y las instrucciones.
La diversidad en principios ideológicos fomenta el a que varios autores denoten su preocupación en la forma de regir o gobernar un territorio, incluso desde ya varios años, las teorías se fueron desarrollando con base en la experiencia y en la observación del comportamiento de las personas, es así que en 1762 Jean- Jackes Rousseau, escribió sobre el contrato social, mencionado que este es un acuerdo que tienen las autoridades con la sociedad civil y grupos para garantizar el orden y el buen funcionamiento del Estado; lo interesante es que aquí se coarta el nivel de libertad natural de la persona para dar paso a otro tipo de libertad "...el ser humano pierde su libertad natural para adquirir su libertad civil." (Rousseau, 1762).
Las posturas de ideologías y partidos políticos en cierta medida limitan o expenden el accionar de las personas que están al frente como autoridad, por tal motivo existen declinaciones o afianzamiento de alianzas, entendiendo y siendo lo correcto la primacía de los valores y ética de la persona.
Las elecciones del 2019 para la elección y designación de las nuevas autoridades locales, generaron espacios de nuevos y tradicionales partidos políticos a nivel nacional, en Azuay específicamente surgieron autoridades como: Presidentes de Juntas Parroquiales, Alcaldes y Prefecto/a; este posicionamiento de autoridades en torno a lo legal puede mantenerse o variar. En el caso específico del Gobierno Provincial del Azuay, para el 2020 se dio un nuevo posicionamiento ante la cámara provincial, para el cambio de la máxima autoridad, llegando así como es la Socióloga Cecilia Méndez Mora a asumir la Prefectura del Azuay.
Este hecho surgió y generó gran relevancia social e incluso cultural dado que la nueva autoridad es la primera mujer en estar el frente de la Prefectura del Azuay luego de que la institución cumpliera más de 74 años de creación.
Cecilia Méndez:
Docente de la Universidad Estatal de Cuenca, de las carreras de Sociología, Género y Desarrollo, y de Maestrías vinculadas a las carreras mencionadas. Investigadora en temas de Violencia de Género, Equidad Social, Procesos Sociales y Culturales de la región y del país. Ha publicado investigaciones como: Informalidad y marginalidad en los mercados de Cuenca 2019. El costo económico de la Violencia intrafamiliar en Cuenca 2014. Las condiciones de trabajo de las mujeres de Cuenca 2012. Luis Cordero Crespo y el Progresismo Ecuatoriano 2006.
Ha participado en diferentes espacios académicos, entre los mas relevantes: “Estado y Sociedad: El movimiento de mujeres en la construcción de la democracia”. “Manuela Sáenz: La identidad, La Nación y la Patria”. “Estado de excepción: La sociedad ecuatoriana en la contemporaneidad”. “El cuerpo trabajador de las tejedoras de sombreros de paja toquilla y la muerte blanca en la región centro – sur”.
Entre su valioso aporte en revistas y libros se pueden destacar: “Licencia Social: A propósito de la Minería <responsable>”; “La Incidencia de las Reformas Borbónicas en la vida de las mujeres de finales de siglo XVIII”; “Estado y Nación frente a la revolución ciudadana. Presencias y Visiones de las mujeres cuencanas de comienzos del siglo”; y, “Memorias de la ternura: Huellas de las Mujeres Ecuatorianas”.
Todo este proceso de formación, reproducción de conocimiento, investigaciones y saberes han permitido que la Socióloga Cecilia Méndez, obtenga toda la capacidad y responsabilidad de asumir el cargo de Prefecta del Azuay.
Desde el trabajo docente y compromiso social, sobre todo con las mujeres de los grupos desfavorecidos, la Prefecta promueve su proyecto mancomunado y estratégico para el Azuay desde la ruralidad.
Al decir de la Prefecta “la Universidad nos entrega el discurso, pero el Gobierno Provincial es multi, inter y transdisiplinario” (Mendez, 2021); esta postura se desprende por la experiencia de 30 años en la docencia y el devenir dentro del territorio a lo largo de 15 cantones y 61 parroquias rurales.
La experiencia del transitar en la vida, nos regala la oportunidad de emprender en varios frentes, las causas sociales motivan a las personas que tienen esa vinculación a generar procesos de lucha, justicia e incidencia social. La Socióloga Cecilia Méndez, con su trabajo de más de 50 años, es un claro ejemplo que las mujeres pueden desempeñar varias actividades a nivel personal, familiar, universitario, político, social y sobre todo con justicia y equidad.
Las mujeres, por varias razones, han sido excluidas de altos cargos a nivel público y privado, por ende, la lucha constante por erradicar los grados de violencia y segregación están presentes y, la Prefecta, consiente de esta problemática, busca que la brecha se vaya reduciendo para lograr políticas de incidencia y equidad, amplia y plural.
Para esta visión se debe considerar que desde muy joven participó en grupos de resistencia social y política. En el año 1980, época de las revueltas sociales, Méndez, formó parte del grupo revolucionario “Alfaro Vive Carajo” para luego continuar formando parte de movimientos sociales, sobre todo en sindicatos y con mujeres, de manera especial de las zonas rurales y de espacios de investigación.
Los escritos, diálogos, entrevistas, el caminar, son claves para comprender la realidad en la que vivimos. El sentir como personas nos convierte en seres conscientes; la formación y el comprender la diversidad de los valores e ideología, permitirán que el accionar político no se sobreponga en la necesidad humana, sino que más bien sea un compromiso ético y social.
El territorio no es únicamente el espacio físico, una ubicación en el mapa o pisos climáticos, su definición está limitada. Por lo tanto y, ampliando esta descripción, es pues, la más amplia posición de diversidad en donde habitan grupos de personas con un sinnúmero de creencias, religiones, posturas, costumbres, ideología y sobre todo valores. Azuay se comprende por diversidad evidente y cada persona, desde su individualidad y complejidad, busca formar parte del mismo.
Los grados de pertenencia son propios del individuo, por lo tanto, del territorio; aquí destaca la identidad y es entendida desde varios aspectos, es decir, no existe una sola aproximación o incluso un mismo nivel de incidencia para desarrollar, esto es una fortaleza para la diversidad. Por un lado, parte de un proceso cultural y otro legal, es importante destacar que los dos son válidos, reconocidos y valiosos. Se pueden reflejar varios aspectos que marcan a las personas, ya sea de forma individual o colectiva, por eso la identidad no es únicamente contar con un número, un código, nombre y apellido que se puede obtener al momento de nacer en un territorio, sino que es el primer paso para identificarnos como miembros de la sociedad, no es el único obviamente; pero sí el más representativo para denotar la pertenencia de identidad frente al otro.
Cecilia Méndez, al ser la Prefecta del Azuay, se enfoca en el desarrollo desde lo rural, campesino y comunitario; contando con más de 2000 comunidades en las 61 parroquias de los 15 cantones; la principal actividad económica es la agrícola, por ello las políticas, planes, programas y proyectos que se ejecuten van a ir enfocados en el desarrollo de estos espacios y en vínculo con las competencias provinciales.
La realidad que se vive en los territorios es la segregación en términos sexo-genéricos, es así que las mujeres al ser el mayor porcentaje de población en la provincia, según el INEC (2010) representan el 52,67%. La lucha por la justicia de las mujeres emprendedoras y productoras, portadoras de sabiduría, se mantiene y las políticas de desarrollo deben ir encaminadas en la equidad y reconocimiento.
En el marco legislativo nacional, los gobiernos locales están bajo el paraguas del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), normativa que rige el funcionamiento en base a las competencias de los GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) y en el caso del Gobierno Provincial:
a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial).
b. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.
c. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y microcuencas.
d. La gestión ambiental provincial.
e. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
f. Fomentar las actividades productivas provincial, especialmente las agropecuarias; y,
g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias (COOTAD, 2010).
Con esta base, todos los planes y proyectos de la institución así como los que están a cargo de la máxima autoridad provincial, deben cumplirse con el objetivo de mejorar la calidad y espacios de vida de la población. Objetivamente sería necesario que al momento de crear políticas públicas, sobre todo de incidencia social y de desarrollo, sean compartidas con las personas que son actores de su territorio, donde en el día a día construye acciones en torno a las necesidades colectivas.
A su vez, y de forma más localizada en cada institución, están presentes las Ordenanzas con a la finalidad de normar y mejorar el funcionamiento administrativo y político de la institución. Bajo este fundamento una postura desde la ruralidad es que se debe responder a las necesidades y realidades de las personas en su conjunto social y territorial.
El equilibrio de un Estado, ya sea nacional o local, aparece al aplicar acciones conjuntas de gobernanza a nivel gubernamental, social, económico, político y territorial y este surge desde la sociedad civil hacia las autoridades. Para ser autoridad, se requiere una aceptación social, el compromiso de cambio y responsabilidad, a más de una visión de desarrollo amplia, es necesario un compromiso con todo el territorio, pertenezcan o no a las líneas ideológicas o no compartan acciones comunes. Además, parte de la gobernanza contiene una visión de equidad y buenas prácticas de participación y generación de políticas de desarrollo local.
Desde lo local, la construcción de acciones conjuntas parte del conocimiento del territorio, un caminar diario donde se reconozcan y recojan las necesidades de los habitantes. Bajo este concepto, ya en el abordaje local, la Constitución Nacional del Ecuador del 2008 promueve que los espacios activos se enfoquen en generar espacios amplios de ciudadanos y ciudadanas para que tengan voz y voto ante la toma de decisiones en planificación y ejecución de los proyectos en los diferentes niveles de gobierno, siendo así en torno a los que rige al Gobierno Provincial del Azuay, se cuenta con los siguientes artículos:
Art. 95. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad
y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Consagra el derecho ciudadano de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos.
Art. 238. Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. (CONSTITUCION NACIONAL DEL ECUADOR, 2008)
Es importante la formación académica, la experiencia y los productos que se generan de esta práctica docente en la universidad, lo esencial en este caso, es la transferencia de ese cúmulo de actividades que ahora se ponen en marcha desde la gobernanza, ya no con el fin de crear ciencia, sino con el objetivo de que la ciencia permita generar elementos y situaciones de equidad en las personas de una comunidad.
Los discursos que promueven la participación de las mujeres es un elemento que se genera y es considerado desde la praxis académica, puesto que en los entornos micro, llamados aula de clase, se observa cómo se mantienen este tipo de diferencias hacia la mujer, sobre todo a la mujer que no encaja dentro de los estándares, la transferencia del discurso del aula a la comunidad, se torna reivindicativo, puesto que la mujer desde la ruralidad, espacio que históricamente ha sido excluido y cuyos recursos no han sido distribuidos equitativamente, constituye una premisa de justicia y equidad desde los roles de gobernanza.
Los territorios no son estructuras hegemónicas, sean estos en el campus universitario a nivel micro, o en la provincia como nivel macro, en tal sentido la justicia territorial es una postura que se puede considerar una vez que se conoce la amplitud y diversidad social, y esta trasferencia surge y puede darse cuando en la práctica docente se comprende la importancia de los sujetos en su espacio físico, en la dinámica de formación, en el interactuar con la diversidad de pensamiento, creencia y cultura, situación que de manera imperante debe ser considerada al momento del ejercicio político.
Desde la teoría, la política se acerca a un gobierno del pueblo, pero esta perspectiva se coarta al momento que una persona no tiene la suficiente capacidad de responder a las necesidades latentes de un territorio. La formación y experiencia de la persona es fundamental, durante el periodo de una autoridad; dado que debe estrechar los vínculos de cada espacio ya sea político, social, económico, cultural, religioso, legislativo, institucional, etc.
Desde la gobernanza, y en tal sentido las instituciones públicas, encaminan sus proyectos para reducir las brechas de inequidad, en base a sus competencias locales y a los vínculos interinstitucionales. Fomentado la participación para que la asignación de presupuestos responda a las necesidades propias de los territorios, desde su realidad y diversidad, vinculando a la academia a través de proyectos o de espacios de formación para futuros profesionales.
Althusser, L. (1988). Ideología y aparatos ideológicos del Estado . Nueva Visiòn, Buenos Aires
CONSTITUCION NACIONAL DEL ECUADOR. (2008). CONSTITUCION
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COOTAD. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. QUITO: ASAMBLEA NACIONAL
INEC. (21 de enero de 2021). Ecuador en cifras. Obtenido de Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE: https:// www.ecuadorencifras.gob.ec/?s=educacion
Mendez, C. (10 de Junio de 2021). Escuelas de Formaciòn . (S. Endara, Entrevistador)
Montané, A. (2015). Justicia social y educación. RES, Revista de Educación Social. #20, 99- 113
Rousseau, J.-J. (1762). Contrato Social. Madrid: Espalsa Calpe
Vaillant, D. (2019). Formación docente desde y para la justicia social en América Latina. Políticas Públicas para la Equidad Social, 83- 92